Cambios en el enfoque de las políticas antidroga

Cambios en el enfoque de las políticas antidroga
Antonio Sánchez Solís

EFE

Las políticas antidroga, dominadas durante décadas por estrategias meramente represivas, comienzan a cambiar sus enfoques con argumentos que apuestan por una visión del problema mucho más humanitaria, como ha quedado reflejado esta semana en la conferencia sobre drogas de la ONU en Viena.

Visiones que hasta la fecha eran dominio exclusivo de las ONG’s y, en menor medida, de los grupos pro legalización forman parte ahora de las políticas de muchos países y de buena porción del establishment.

La Unión Europea (UE) está siendo pionera en ese cambio de actitud hasta el punto de “leer la cartilla” a los organismos de control antidrogas de las Naciones Unidas, cuya Comisión de Estupefacientes (CND) ha aprobado ayer los pilares de su acción para la próxima década.

El pasado martes, un informe de la Comisión Europea ya advirtió, al asegurar que la situación de las drogas en el mundo no sólo no ha mejorado en la última década, sino que ha empeorado.

Y durante el debate para cerrar el documento de la CND, los socios comunitarios, con la excepción de Italia y Suecia, han peleado por que se incluya el concepto de “reducción del daño” como elemento a tener en cuenta en las políticas frente a las drogas.

Así, muchos países han insistido en que ya no se trata sólo de aplicar estrategias policiales, sino que, como defendió la UE, hay que aplicar programas de recambio de jeringuillas para evitar la transmisión de enfermedades o el tratamiento con metadona para los adictos a los opiáceos.

La oposición de países como Estados Unidos y Rusia ha bloqueado una postura unánime en ese sentido, aunque, por primera vez, las sesiones de la Comisión han estado caldeadas por un tenso debate.

Un rayo de luz
Para el profesor Gerry Stimson, director de la Asociación Internacional para la Reducción del Daño, la CND vive en un “universo paralelo” con respecto al resto de la estructura de la ONU, que sí apoya esas políticas.

“En las veintidós páginas de la Declaración Política, la palabra salud sólo aparece mencionada en cuatro ocasiones”, destacó Stimson, pese al hecho de que el 10 por ciento de las infecciones por VIH se debe al mal uso de jeringuillas entre adictos.

En declaraciones a EFE, Stimson aseguró que, con su oposición a la “reducción de daños”, la CND puede ser responsable de la muerte de miles de personas: “La gente sigue infectándose de VIH al inyectarse drogas y sigue muriendo”.

Pero, pese a la decepción ante el conservadurismo de la Declaración Política, muchas ONG’s han visto un rayo de luz en el hecho de que algunos países hayan levantado la voz.

Rubem Cesar Fernández, de la Secretaría de la Comisión Latinoamericana sobre Droga y Democracia, aseguró que “el consenso prohibicionista ya no existe”.

“Esta declaración es continuista, pero intenta incorporar temas nuevos, como el sida, la juventud, la reducción de demanda o los problemas del incremento de la violencia”, explicó.

“Creo que tenemos algunas señales de cambio en otras partes del sistema de la ONU y de la comunidad internacional y de la sociedad”, se consoló Rebecca Schleifer, de la ONG Human Right Watch, ante un texto que considera una oportunidad perdida para aprender de los errores del pasado.

No es una solución
Pero no sólo en el tema capital de la reducción del daño se ha roto el pensamiento único que imperaba en los grupos de poder.

Algunas opiniones muy alejadas de los colectivos pro legalización han insistido en que la represión del consumo de drogas crea más problemas de los que evita.

Esta semana, un bastión del conservadurismo como es el semanario The Economist titulaba en portada “Cómo parar las guerras de la droga”. Su respuesta: que la legalización de las drogas es la “menos mala de las políticas” para lograrlo.

El prestigioso medio británico repasaba en sus páginas lo que considera un fracaso de las estrategias del pasado y de cómo mantener las drogas en la clandestinidad sólo genera violencia.

En esa línea se ha manifestado también Jeffrey A. Miron, un reconocido profesor de la Universidad de Harvard que, incluso, defiende los beneficios económicos de la legalización.

Este economista calculó recientemente que el levantamiento de las prohibiciones inyectaría unos 76.800 millones de dólares en la economía estadounidense, en forma de ahorro en la aplicación de las leyes represoras y en concepto de impuestos a la venta.

Ya en 2005, un estudio similar del profesor Miron fue respaldado por más de 500 economistas, entre ellos tres premios Nobel.

Algunas opiniones muy alejadas de los colectivos pro legalización han insistido en que la represión del consumo de drogas crea más problemas de los que evita.


Los organismos internacionales están comenzando a asumir el fracaso con respecto a las estrategias del pasado con respecto a las drogas, estrategias que sólo han generado violencia.